ANTECEDENTES
En el marco de las Cumbres Iberoamericanas, y particularmente las celebradas en Santiago de Chile (2007) y El Salvador (2008), así como en las Cumbres del Grupo de Río, se han emanado mandatos específicos para evaluar y analizar los dispositivos iberoamericanos de atención de emergencias y contingencias derivadas de desastres naturales, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestros países a consecuencia del cambio climático.
El tratamiento de esta problemática se inició el año pasado con la “Reunión sobre Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, que se llevó a cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre de 2008, bajo los auspicios de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
A fin de profundizar el intercambio de ideas sobre esa dinámica, para el año 2009 se programó la realización de los seminarios sobre Dispositivos de Atención ante Desastres Naturales, uno para analizar las experiencias de la región Andina y el Cono Sur (3 y 4 de septiembre de 2009), y el otro para analizar las experiencias de Mesoamérica y el Caribe (15 y 16 de octubre de 2009, Ciudad de Panamá). Ambos seminarios fueron organizados por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de México.
El objetivo de estos seminarios fue continuar el proceso de reflexión iniciado en Ciudad de México, en torno a la posibilidad de establecer un dispositivo simplificado iberoamericano para la atención de emergencias y contingencias derivadas de desastres naturales. De igual forma se identificaron algunos mecanismos de cooperación nacionales y regionales para facilitar y agilizar la cooperación internacional en casos de desastre, y se analizó la factibilidad de crear un fondo solidario de emergencia destinado a enfrentar los desastres.
Los objetivos planteados, aunque tienen una enorme importancia y prioridad regional resultan de muy difícil concreción, particularmente el relativo a la creación de un fondo solidario de emergencia destinado a enfrentar los desastres. La crisis económica y financiera mundial, y particularmente sus efectos en los países de América Latina y el Caribe dificultan la constitución de fondos financieros y reduce las perspectivas de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.
Sin embargo, recientemente se ha comenzado a observar la aparición de mecanismos financieros “novedosos” que podrían resultar de mucho provecho para la región como los “bonos catastróficos”, los seguros y reaseguros en caso de desastres, así como una diversidad de otros instrumentos financieros en ese ámbito.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está auspiciando un seguro regional como mecanismo de manejo de riesgos para catástrofes naturales por US$ 600 millones de dólares, y pondrá en marcha un Programa Piloto para el Desarrollo de una Facilidad Regional de Seguros para Desastres Naturales en Centroamérica y República Dominicana.
El Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), es una facilidad de seguro para los gobiernos del Caribe que opera y está registrada en el Caribe. Asegura el riesgo país y está diseñada para limitar el impacto financiero de huracanes catastróficos y terremotos en los países caribeños al brindar liquidez a corto plazo de forma rápida. Es el primer fondo de seguros regional que brinda a los gobiernos caribeños la oportunidad única de obtener una cobertura para catástrofes naturales al menor costo posible. El CCRIF representa un cambio de paradigma sobre cómo los gobiernos caribeños están tratando el riesgo, liderando en materia de planificación de desastres.
Al agrupar su riesgo, los gobiernos del Caribe han logrado ahorrar alrededor del 40 % de los costos que cada uno hubiese tenido que sufragar por separado en los mercados de seguro comercial. Está integrado por 16 estados caribeños: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Caimán, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, San Kitts y Nevis, St. Lucía, San Vincente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Turcos y Caicos.
El CCRIF está financiado por el Banco Mundial, Canadá, Francia, el Reino Unido, el Banco de Desarrollo del Caribe, Japón y la Unión Europea, entre otros, con aportes que superan los 60 millones de dólares.
También se han desarrollado otras iniciativas nacionales: i) Bolivia está en proceso de implementación de un seguro agrícola contra desastres naturales, con lo cual unos 500 mil productores podrán garantizar hasta el 70 % de sus cultivos (Ministerio de Desarrollo Rural); ii) Ecuador está instrumentando un Sistema Nacional de Seguro Agrícola para compensar las pérdidas de los agricultores por desastres naturales para proteger a los productores y proteger la soberanía alimentaria (Ministerio de Agricultura); iii) México tiene experiencia en seguros agrícolas ante desastres naturales desde 1990, e incluso en el 2006 emitió bonos catastróficos; iv) Colombia ha instrumentado créditos de contingencia desde el 2005 y en el 2007, los seguros agrícolas ante desastres naturales; v) Perú está adelantando estudios para la puesta en práctica de un seguro agrícola ante desastres naturales desde 2009.
El análisis de estos instrumentos financieros en caso de desastres podría ser de mucho provecho para la región en la actual coyuntura de crisis económica y financiera mundial.
