ANTECEDENTES
La evaluación es un componente indispensable de la rendición de cuentas en un Estado democrático y un imperativo de la gestión pública moderna. Los ejercicios de evaluación permiten identificar si los propósitos de una intervención gubernamental se están alcanzando y ponderar la idoneidad de los mecanismos e instrumentos destinados para la resolución de un problema público. En la medida en que toda política pública implica una teoría o modelo causal de transformación social, la carga de la prueba sobre la efectividad y el impacto de los programas corresponden, en primera instancia, al poder público, que está obligado a proveer elementos de juicio y canales para que la ciudadanía conozca, cuestione y valide el quehacer gubernamental. A pesar de que la evaluación de impacto es la más apegada a los criterios científicos de comprobación de hipótesis (impacto esperado del programa), como todo ejercicio de evaluación, se realiza en un contexto político y organizacional que determina su vínculo con los procesos de toma de decisiones, la mejora continua de los programas y la capacidad de la ciudadanía para exigir políticas públicas que agreguen valor al ciudadano, y maximicen la tasa de retorno de las inversiones públicas. A diferencia de los análisis clínicos, la evaluación de impacto opera en contextos políticos y sociales complejos, que imponen desafíos singulares para la identificación rigurosa y metodológicamente sofisticada de los resultados de las intervenciones. Por esta razón, se espera que una “buena” evaluación de impacto responda no sólo a los estándares metodológicos más robustos, sino que asuma un compromiso expreso de ética pública y una orientación clara a la utilización. Se espera que una evaluación tenga transparencia y rigor metodológico, pero también debe demostrar que tiene clara cuál es su intención (qué se va a evaluar, por qué, para qué y qué resultados se esperan obtener); debe ser oportuna; debe ser accesible para los tomadores de decisión y, finalmente, debe ser aplicable.
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública estableció dos pilares fundamentales para la calidad en la gestión pública:
i) Toda gestión pública debe estar referenciada a la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos, o como legítimo participante en el proceso de formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo el principio de corresponsabilidad social; y ii) la gestión pública tiene que orientarse a resultados, por lo que debe sujetarse a diversos controles sobre sus acciones, suponiendo entre otras modalidades la responsabilización del ejercicio de la autoridad pública por medio del control social y la rendición periódica de cuentas (2008: 21-26).
Atendiendo a lo estipulado en la Carta Iberoamericana y a la urgencia de construir una administración pública capaz de hacer frente a los nuevos desafíos de la sociedad –la cual, a la vez de asegurar el cumplimiento de los contratos sociales y económicos, sea garante de los derechos sociales– el ejercicio de la evaluación cobra especial relevancia. Lo anterior se debe a que el buen funcionamiento de las políticas requiere del aprendizaje de los errores y los aciertos de las distintas experiencias, los cuales sólo pueden ser identificados a través de la medición y la revisión de los instrumentos de la política pública. Más aún, una gestión pública de calidad requiere de una evaluación permanente, interna y externa, basada en el principio de eficacia. Esto es, debe estar centrada en los resultados y debe crear sistemas de monitoreo que permitan verificar el curso adecuado de los programas públicos.
Una gestión pública orientada a resultados es impensable sin la generación de evidencia e información creíble y confiable en torno al efecto/cambios social estrictamente atribuibles a la presencia de los programas: el contrafactual. Sólo a partir de la evaluación de impacto es posible determinar qué habría ocurrido con los beneficiarios de un programa en la ausencia del mismo.
En este marco, la formación de sólidas capacidades para la utilización de evaluaciones de impacto como instrumento de rendición de cuentas y como herramienta para la mejora continua de los programas implica una serie de necesidades diferenciadas de capacitación que se fundan en el conocimiento técnico-metodológico, pero no se agoten en él. Para que las evaluaciones de impacto sean demandadas y debidamente utilizadas, los tomadores de decisiones, sin ser expertos en medición de impacto, deben contar con suficientes elementos para i) identificar el tipo de respuesta que ofrece este tipo de evaluación y sus limitaciones; ii) conocer los pre-requisitos de información y manejo gerencial que impone este tipo de evaluación; iii) realizar un análisis costo-beneficio de la realización de este tipo de evaluaciones frente a su alternativas menos costosas; una vez tomada la decisión de evaluar, iv) valorar la solidez de la propuesta metodológica y la validez de las conclusiones que de ella se derivan.
