La Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe se viene organizando anualmente en el marco del SELA desde el año 1987, como un espacio de encuentro de los directores y agencias de cooperación de los Estados Miembros del SELA, para el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas sobre distintos temas de importancia de la agenda de cooperación y ayuda al desarrollo, desde la perspectiva latinoamericana y caribeña.

El Consejo Latinoamericano del SELA ha adoptado dos Decisiones que han fortalecido este espacio de encuentro. Así, en 1983, la Decisión Nº 156 designó al organismo como “Punto focal regional para el intercambio de información sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo” y, en 2012, la Decisión Nº 538 estuvo referida a las “Reuniones de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”, en la que el Consejo Latinoamericano tomó nota “con satisfacción, de las actividades realizadas por la Secretaría Permanente en el ámbito de la cooperación internacional, y muy especialmente, las desarrolladas a través de las Reuniones de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”. Asimismo, reconoció el apoyo que el Grupo de los 77, por intermedio del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG), viene dando a la Secretaría Permanente para respaldar dichas reuniones y lo instó a que continué brindando tan valioso apoyo con miras a seguir promoviendo el análisis y tratamiento de temas de alta prioridad de la agenda de la cooperación internacional y la cooperación Sur-Sur desde la perspectiva latinoamericana y caribeña.

Para el año 2017, la XXVII Reunión de Directores de Cooperación Internacional tiene previsto analizar el tema “Cooperación para la Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe”. Para este evento se cuenta con el copatrocinio del Fondo Fiduciario Pérez–Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77.

La Propiedad Intelectual (PI) está siendo abordada en el marco de los esquemas regionales y subregionales de integración y cooperación como un tema de alta prioridad para el desarrollo industrial y la transformación productiva. En la Comunidad Andina (CAN), el Régimen Común de Propiedad Intelectual (Decisión 486) del año 2000, regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen. En el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1993), los Estados parte convienen en armonizar la legislación nacional en materia de propiedad intelectual e industrial. En la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Tratado de Chaguaramas (1973) define la necesidad de la protección de los derechos de propiedad. En 1995, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con el objetivo de “promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual en materia de marcas, de indicaciones de procedencia y denominación de origen”, decidió crear el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de marcas, indicadores de procedencia y denominaciones de origen”. Por su parte, el 8 de octubre de 2015, los países integrantes de la Alianza del Pacífico (AP), “reconociendo que la adecuada protección a la propiedad industrial y el acceso a ésta representan un factor determinante para detonar el desarrollo regional”, firmaron la Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico”.

A nivel regional, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la II Reunión de Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología (2014), estableció Grupos de Trabajo sobre Talento Humano y sobre Gestión del Conocimiento. Asimismo, en la Declaración de Belén (numeral 14), emanada de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada en Costa Rica en 2015, se recomienda fortalecer los compromisos en materia de transferencia tecnológica, financiación, acceso a la información y derechos de propiedad intelectual.

A nivel internacional, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, el objetivo 9 de Desarrollo Sostenible (industria, innovación e infraestructura) establece la necesidad de “fomentar la innovación”, específicamente, a través del aumento de la investigación científica y el mejoramiento de la capacidad tecnológica de los sectores industriales, en particular, en los países en desarrollo. El objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos) insta a la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para movilizar y reorientar recursos en función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030.

Considerando la importancia que tiene en la actualidad el tema de la propiedad intelectual por su impacto en el desarrollo industrial y tecnológico, en la innovación, la ciencia y la tecnología y en el emprendimiento, se ha considerado oportuno analizar la cooperación en propiedad intelectual en los países de América Latina y el Caribe.