En América Latina y el Caribe, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) representan un alto porcentaje de las empresas de la región, generando más del 50% del empleo. Pese a que el desempleo en la región es relativamente bajo, todavía persiste una alta incidencia de la informalidad de alrededor del 50% (OIT, 2013), y la brecha de productividad respecto a las economías avanzadas se hace mayor (OECD. 2016).

Para enfrentar estos desafíos, los gobiernos han identificado áreas clave en políticas públicas, tales como la formación del capital humano; el mejoramiento del ecosistema financiero y comercial; la inclusión al mercado laboral formal; la promoción de la innovación y la construcción de infraestructura adecuada para la producción, distribución y comercio.

Por tal motivo, se han desarrollado un conjunto de iniciativas de políticas públicas orientadas a promover el crecimiento de las PYMES facilitando su acceso al financiamiento, ampliando los servicios de asistencia técnico-legal para su formalización, reduciendo su carga impositiva e implementando medidas de promoción comercial. A pesar de estos esfuerzos, las áreas en las que las PYMES siguen presentando mayores dificultades son en el acceso al financiamiento, el acceso a recursos estratégicos y la internacionalización, punto importante este último, ya que solamente 10% exporta (CERALE. 2017).

En este sentido, se evidencian importantes necesidades en el reconocimiento de la eficiencia de las políticas públicas; por ello, la promoción de la metodología de evaluación de impacto como herramienta de gestión pública se presenta como una estrategia innovadora que busca, mediante la rigurosidad metodológica y robustez en datos y evidencias, generar un proceso de aprendizaje que permita identificar los resultados de las políticas implementadas. Es por ello, que las autoridades de los gobiernos de América Latina y el Caribe responsables de promover el desarrollo empresarial de las PYMES, requieren de un cuerpo técnico especializado en evaluación de impacto, para contribuir a la apropiada medición de los beneficios y resultados de las políticas públicas relacionadas con esta área temática.

Dentro de este escenario, se reconoce que la evaluación es un componente indispensable de la rendición de cuentas en un Estado democrático y un imperativo de la gestión pública moderna. Los ejercicios de evaluación permiten identificar si los propósitos de una intervención gubernamental se están alcanzando y ponderar la idoneidad de los mecanismos e instrumentos destinados para la resolución de un problema público. A pesar de que la evaluación de impacto es la más apegada a los criterios científicos de comprobación de hipótesis (impacto esperado del programa), como todo ejercicio de evaluación, se realiza en un contexto político y organizacional que determina su vínculo con los procesos de toma de decisiones, la mejora continua de los programas y la capacidad de la ciudadanía para exigir políticas públicas que agreguen valor al ciudadano, y maximicen la tasa de retorno de las inversiones públicas.