DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO PERMANENTE DEL SELA EN LA REUNIÓN REGIONAL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL Y LA COOPERACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
Excelentísimo Señor Jorge Alvarado Rivas, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente del Consejo Latinoamericano del SELA;
Distinguido Doctor José Félix Rivas Alvarado, Director del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela;
Distinguido Doctor Aldo Caliari, Director del Proyecto Repensando Bretton Woods (Center of Concern);
Distinguidos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA;
Estimados Representantes de Organismos Internacionales y Regionales;
Señoras y Señores:
Agradezco a ustedes su presencia en la sede de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en este importante evento para nuestra región cuya convocatoria se aprobó en octubre pasado por el Consejo Latinoamericano del organismo.
Los objetivos de la presente reunión revisten particular relevancia al referirse a:
1. El análisis de la coyuntura actual en materia monetaria y financiera mundial y su impacto económico y comercial, así como las respuestas en curso a nivel multilateral y regional;
2. El examen de los principales avances y retos de los programas, proyectos, iniciativas e instituciones de cooperación en el plano monetario y financiero en los procesos de integración de América Latina y el Caribe; y,
3. El Intercambio de experiencias acerca de la cooperación monetaria y financiera en América Latina y el Caribe y la realización de propuestas para su consolidación.
Como referencia para las deliberaciones de la reunión la Secretaría Permanente elaboró el informe “La situación reciente de la reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional y de los avances hacia una arquitectura monetaria y financiera regional para América Latina y el Caribe”.
El informe del SELA que contiene una visión de la situación de la economía mundial y los principales componentes de las reformas que se han venido aplicando a partir de la “gran recesión” del año 2008 hasta el presente, en los mercados bursátiles de esos países, y en los niveles de endeudamiento privado y público y de desequilibrio fiscal en la Zona Euro, con las consecuencias que ello ha tenido en la economía mundial y en la región.
Este informe, de igual manera, se concentra en los avances de la cooperación monetaria y financiera en América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que plantea una serie de elementos para propiciar la consolidación de la arquitectura financiera regional, para lo cual se analizarán los principales retos de los programas, iniciativas e instituciones de cooperación en el plano monetario y financiero en la región.
El actual contexto internacional es incierto y se anticipa ya que la economía mundial está a punto de entrar en una profunda desaceleración y en un escenario de débil crecimiento en los años próximos.
El deterioro experimentado por las principales naciones desarrolladas y su evidente lentitud para corregir los desequilibrios económicos, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, están en la base de las reducidas expectativas acerca del crecimiento económico.
Los países de nuestra región están en medio de esta probable espiral descendente como consecuencia de cuatro debilidades en las naciones industrializadas que se refuerzan mutuamente:
a) niveles insostenibles de deudas soberanas,
b) frágiles sectores bancarios,
c) débil demanda agregada, asociada a un alto desempleo y a las medidas de austeridad fiscal; y,
d) parálisis política causada por bloqueos y deficiencias institucionales.
Los problemas de la economía global son múltiples y están interrelacionados.
Las medidas de austeridad fiscal adoptadas en países industrializados debilitan aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo por consiguiente el ajuste fiscal y los balances del sector financiero en esas naciones más difíciles.
Las economías de la Unión Europea y los Estados Unidos están interconectadas y sus problemas podrían fácilmente repercutir simultáneamente en cada una de ellas y generar otra recesión global. Esto tendría implicaciones importantes para nuestros países, los cuales se verían afectados a través de canales comerciales y financieros.
Estas debilidades están ya presentes, pero cualquier empeoramiento pudiera desencadenar un círculo vicioso que conduciría a una severa inestabilidad financiera y a una recesión económica.
Ante este escenario, América Latina y el Caribe pudiera verse afectada, por una aguda declinación en los precios internacionales de las materias primas, tendría que hacer frente a los efectos de contagio en sus mercados de valores, la reversión en los flujos de capital y pérdidas financieras directas como producto de la caída en el valor de los bonos soberanos de Europa y Estados Unidos, lo cual afectaría tanto a los activos de reservas internacionales como a los del sector privado de nuestros países.
Las consecuencias en América Latina y el Caribe son difíciles de medir pero dependerán, en gran medida, de la situación de las diversas naciones en materia de endeudamiento externo e interno, la incidencia de los precios de los bienes primarios en sus ingresos públicos, las características de su financiamiento externo y sus regímenes de política macroeconómica: fiscal, monetaria y cambiaria.
América Latina y el Caribe, en promedio, es hoy tan dependiente de las materias primas como hace medio siglo, siendo sus precios muy sensibles al crecimiento mundial.
Por lo tanto, el debilitamiento de la demanda mundial podría castigar los términos de intercambio de la región. Sin embargo, los países que implementen políticas sólidas, especialmente durante la fase de auge de los ciclos de precios de las materias primas, tendrán un mejor desempeño.
Varios países de América Latina y el Caribe se encuentran en favorables condiciones para enfrentar crisis externas, similares a las que se espera traiga consigo una agudización de la crisis de la deuda en los países de la eurozona.
En comparación con las naciones desarrolladas, el nivel de endeudamiento externo y público de la región es bajo, las reservas internacionales se han incrementado y todavía las naciones de América Latina y el Caribe pudieran implementar medidas contracíclicas, tal como hicieron la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños durante la segunda mitad del año 2009 y el primer semestre de 2010.
No obstante, en algunos países del Caribe y Centroamérica la situación fiscal es más compleja, en gran medida porque son importadores netos de alimentos, hidrocarburos y minerales por lo que sus balances externos han estado particularmente expuestos a las fluctuaciones de esos mercados.
Al respecto, la mayoría de nuestros países se encuentra frente a un dilema.
Por una parte, necesitan protegerse de la volatilidad de los precios de las materias primas y de las condiciones del financiamiento externo a través de políticas macroeconómicas restrictivas y mediante la acumulación de reservas, contribuyendo de esa forma a la reducida demanda agregada a nivel global.
Por otro lado necesitan, entre otros desafíos, impulsar sus inversiones para sostener altos ritmos de crecimiento y reorientar sus economías para lograr una mayor reducción en los niveles de pobreza y patrones de producción más sostenibles.
Con la creación, el pasado mes de diciembre, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se reafirmó el convencimiento de que la integración de América Latina y el Caribe, requiere del avance y la consolidación de las diferentes propuestas y proyectos destinados a conformar una Arquitectura Financiera propia que responda a los requisitos de un desarrollo autónomo y a la inserción de la región en la economía mundial.
Estamos convencidos de que deberían desarrollarse todos los esfuerzos posibles para construir una arquitectura financiera regional en América Latina y el Caribe, cuya construcción, pese su complejidad y a las dificultades que habría que sortear para concretarla es un objetivo viable y necesario para crear en la región las condiciones que exige el desarrollo económico y social, dado el actual y previsible escenario mundial.
Un requisito común a todo el proceso, y a la suerte que finalmente corra el conjunto de esta Arquitectura Regional, es la decisión política que exista para hacerla realidad.
La construcción de esa arquitectura monetaria y financiera regional, que resulta obligada para crear en nuestros países condiciones básicas de apoyo al desarrollo económico y social, implica avanzar en tres pilares básicos: un Fondo Regional de Contingencia, un Espacio Monetario Regional y una nueva modalidad de Banco de Desarrollo Regional.
Por lo que se refiere al Fondo Regional de Contingencia, éste constituye un soporte sustantivo en el diseño y construcción de una nueva arquitectura financiera regional.
Teniendo presente que los países de América Latina y el Caribe concentran buena parte de sus reservas y activos de más de 760 mil millones de dólares, en instituciones de países desarrollados, el Fondo Regional debería servir como instrumento para acumular y utilizar medios internacionales de pago, poniendo a resguardo a las economías de la región de los riesgos derivados de crisis cambiarias y financieras.
Si bien no se trata de cancelar abruptamente el vínculo con los espacios donde generalmente se han dirigido los fondos y activos financieros de la región, es conveniente estimar un óptimo de reservas que deberían ser canalizadas al Fondo Regional de Contingencia al tiempo que los montos restantes se podrían continuar dirigiendo a los mercados internacionales, lo que estaría mostrando la prudencia de diversificar el riesgo de los depósitos en diferentes espacios geográficos y en distintos tipos de activos si se tiene en cuenta las experiencias, incluso traumáticas, por las que han debido transitar en el pasado algunos países latinoamericanos y caribeños cuando, en momentos de crisis, se incrementan las dificultades para acceder a los recursos financieros, debido a que estos se restringen, encarecen y condicionan en los mercados internacionales y por parte de las instituciones financieras internacionales.
En la anterior tesitura, conviene tener presente lo que la experiencia ha venido mostrando de manera recurrente, en el sentido de que los recursos provenientes de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, además de insuficientes y fuertemente condicionados, generalmente no llegan en el momento oportuno, la cual se realiza cuando las situaciones de desestabilización y crisis se han incrementado en los países solicitantes de recursos, debido a que éstos suelen otorgarse no bajo una perspectiva preventiva, sino una vez que los efectos más agudos de los procesos de crisis empiezan a hacer su aparición y a difundir sus estragos.
El Fondo Regional de Contingencia debería ser utilizado, además, en estrecha articulación con los bancos centrales, para permitir el otorgamiento de créditos multilaterales que incrementen las alternativas financieras del conjunto de países de la región, lo que permitiría liberar recursos para la inversión productiva que deberían de ser otorgados en un indispensable marco de transparencia, eficiencia y seguridad.
El segundo pilar, consistente en un Espacio Monetario Regional, es el elemento clave para responder tanto al ya largo deterioro del Sistema Monetario Internacional, como a las evidencias de que dicho deterioro no está siendo multilateralmente enfrentado, y sin duda que a la construcción de ese Espacio pueden contribuir muy positivamente las experiencias que en distintos ámbitos y en diferentes momentos se han venido dando en la región.
Este segundo pilar de la arquitectura monetaria y financiera regional, más que los otros, requiere ser construido a diferentes velocidades para sus distintos componentes y en cada uno ellos puede ir siendo aprovechada la experiencia ya acumulada por los mecanismos ya existentes en la región.
Así, la puesta en marcha en una primera fase, de una Cámara Regional de Compensación, debería nutrirse de los distintos mecanismos de compensación de pagos que hoy existen, y en particular del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, así como del Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil, para atender al objetivo de que en dicha Cámara los pagos se salden en las monedas de los países participantes.
Así también, el avance hacia el objetivo posterior de una Unidad de Cuenta Común debería nutrirse de la experiencia que hoy se está consolidando con el uso del “sucre” en el Sistema Unitario de Compensación Regional y la misma trayectoria de dicho sistema puede ir dejando valiosas lecciones para el momento de futuras discusiones y decisiones acerca de una eventual moneda común y un posible Consejo Monetario Regional.
El tercer pilar, es la conformación de un Banco de Desarrollo Regional, autónomo, soberano, y genuinamente latinoamericano, cuya creación es una exigencia de primer orden si a lo que se aspira es a ir modificando gradualmente las relaciones de dependencia, subordinación y vulnerabilidad que en no pocas ocasiones se han presentado en la relación de las economías de la región con los organismos monetarios y financieros internacionales, a los que con frecuencia se recurrió para hacer frente tanto a los problemas de balanza de pagos como a los devastadores efectos que en algunos países tuvo la irrupción de turbulencias financieras que por momentos llegaron a poner en riesgo la estabilidad política y social de los mismos.
Este Banco de Desarrollo Regional se hace cada vez más urgente, si tenemos presente la incuestionable necesidad que tienen los países de la región de captar y canalizar adecuadamente el ahorro interno en la aplicación de programas productivos y estrategias de desarrollo social, que hagan surgir las potencialidades que se desprenden de una economía dinámica, priorizando y jerarquizando proyectos de financiamiento nacional, binacional y regional, en lugar de acumular incesantemente el ahorro regional bajo la forma de reservas internacionales y de depósitos privados en instituciones.
El Banco de Desarrollo Regional que necesitan los países latinoamericanos y caribeños debe poder contar con elevados grados de autonomía en relación a la conformación y participación de su capital y también respecto a las funciones y objetivos a cumplir.
Ello con el fin de dejar de una vez por todas en el pasado aquellas recurrentes prácticas la severa condicionalidad que se han aplicado a las economías de la región por parte de los organismos financieros internacionales y algunas de cuyas manifestaciones más evidentes sufren en estos momentos las sociedades de distintos países europeos, las cuales están padeciendo una severa disminución de sus niveles de vida una vez que, las medidas de política económica y los programas de choque y ajuste estructural que en sus respectivos territorios se están empezando a aplicar son decididos y evaluados en ámbitos e instituciones externas, en ocasiones al calor del remolino en que se encuentra inmerso el sistema financiero internacional y sus principales instituciones.
El Banco de Desarrollo Regional debe, por tanto, ser expresión de la actitud soberana de los países que lo conformen, lo que le permitirá un funcionamiento sustancialmente distinto de aquel que siguen los organismos financieros internacionales.
Ello le posibilitará servir como una efectiva herramienta de atenuación de las disparidades regionales y sectoriales, y de disminución de las asimetrías de distinto orden y naturaleza, que están presentes entre y al interior de los países de la región.
La recuperación de esa necesaria capacidad de decisión, hará posible incidir en el proceso de jerarquización de prioridades y proyectos en función de las especificidades y necesidades propias de cada país, tomando en cuenta aspectos tales como el tamaño relativo de las economías y las condiciones particulares de las mismas, y seleccionando los proyectos con criterios de sustentabilidad ambiental y ecológica, de cuidado y protección de la biodiversidad; de soberanía energética y alimentaria; y de respecto a las variadas expresiones culturales y comunitarias que conviven a lo largo de la región.
Teniendo presente lo anterior, así como la dinámica de la experiencia integracionista y los esfuerzos que se han venido desplegando en el ámbito suramericano desde hace más de cuatro años en materia de creación de una arquitectura financiera regional, todo apunta a la pertinencia de que el Banco del Sur pueda ampliar su membresía para llegar a constituirse en el Banco de Desarrollo Regional que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños necesita, si bien ello debería poder concretarse a ritmos sustancialmente más rápidos de los que hasta el momento han caracterizado a dicho Banco.
El hecho de que los 33 países de la región hayan dado el importante paso de crear la CELAC, abre enormes posibilidades en términos de constituir una nueva institucionalidad que esté a la altura de los desafíos y de las crecientes necesidades de la región, dentro de la cual un Banco del Sur ampliado tendría un importante papel que jugar.
De esa manera, el Banco de Desarrollo Regional partiría aprovechando lo que ya se ha ido construyendo a lo largo de los años recientes en materia de instituciones e instrumentos para una nueva arquitectura financiera regional, sin desechar desde luego la experiencia previa acumulada en el funcionamiento de otras instituciones crediticias asociadas a distintos mecanismos de integración, y en general utilizando los activos de distinto orden que son parte del acervo colectivo a nivel latinoamericano y caribeño.
En ese avance, pudiera haber un aporte también de mecanismos e instituciones ya existentes, como el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil, el Banco del Sur, el SUCRE y el Banco del ALBA, lo que no obsta para que todos ellos, al igual que otras experiencias preexistentes, estén llamados a constituirse en importantes insumos de la nueva arquitectura financiera regional.
Señor Presidente, señoras y señores:
Para concluir deseo agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y en particular la de los representantes de los ministerios de finanzas y de los bancos centrales de los Estados Miembros que nos acompañan cuyos aportes a las deliberaciones presentes serán de la mayor utilidad.
