PALABRAS DEL EMBAJADOR ROBERTO GUARNIERI, SECRETARIO PERMANENTE DEL SELA
Excelentísimo Señor Ruy Carlos Pereira, Embajador de la República Federativa de Brasil en la República Bolivariana de Venezuela, Presidente del Consejo Latinoamericano.
Honorable Señor Embajador Alexander Yánez Deleuze, Viceministro para América Latina y el Caribe del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, país sede del SELA.
Señores Miembros de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano.
Excelentísimos Señores Embajadores y Delegados de los Estados Miembros del SELA.
Excelentísimos Señores Embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático.
Representantes de Organismos Internacionales.
Funcionarios, compañeros del SELA.
Señoras y Señores.
Es un honor dirigirme a Ustedes y darles la bienvenida a la sede del SELA, con motivo de la realización de la XL Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano.
En un contexto institucional regional cada vez más amplio y diverso, en alcance geográfico, en cobertura temática y objetivos, el SELA constituye el organismo técnico, de carácter económico, donde convergen la casi totalidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Con la excepción de aquellos Estados que conforman la Asociación de Estados del Caribe Oriental, cuya incorporación estatutaria hemos promovido activamente y que esperamos formalizar en breve, nuestra membresía es la misma que la de la propia comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Convenio de Panamá mediante –con el cual se creó el SELA- fue suscrito en 1975, fundamentalmente para coordinar políticas públicas de cooperación y posiciones de negociación de los países miembros con terceros y en los foros de carácter global.
Se fundamentó en el reconocimiento de una esencial comunidad de intereses dentro de la diversidad de sistemas políticos y organización económica de los países miembros, valorando el potencial de una acción conjunta para incrementar y mejorar la presencia y participación latinoamericana y caribeña en la economía global y fortalecer su influencia en cuestiones clave de la organización del comercio y de las finanzas mundiales y del sistema monetario internacional.
Y para movilizar acciones y proyectos conjuntos dirigidos a realizar el potencial de la cooperación y del intercambio intrarregional, para reducir el elevado grado de dependencia de América Latina y el Caribe de la economía mundial y la inestabilidad derivada de sus fluctuaciones, fortaleciendo nuestra capacidad de control y de autonomía sobre el proceso económico interno.
Tales son las dos vertientes fundamentales del objeto constitutivo del SELA, la que se dirige principalmente a las relaciones económicas internacionales, de comercio, de inversión y de cooperación con terceros y la que se refiere a los objetivos de la cooperación y el intercambio, entre los países miembros.
Podríamos sintetizarlas, para su mejor enfoque, como la relativa a la inserción de nuestra región en la economía global, que a nuestro entender debe incluir también una acción conjunta más organizada y sistemática de lo que ha sido hasta ahora, en el ámbito institucional y normativo de la gobernanza multilateral, en cuya reforma la América Latina y el Caribe puede jugar un papel muy constructivo y la atinente a la integración económica propiamente dicha, tanto a la integración subregional como a su articulación y convergencia hacia un espacio económico común, latinoamericano y caribeño.
El proceso de integración de América Latina y el Caribe se ha realizado a ritmo y geometría variable, bajo una lógica predominantemente subregional. Niveles superiores de integración en la región, requerirán de una progresiva migración de objetivos y esfuerzos hacia el plano regional; permitiendo a las naciones obtener un mayor provecho de las complementariedades y economías de escala derivadas de una integración profunda.
Para formar una visión regional que permita la coordinación, cooperación y articulación de esfuerzos entre las naciones de América Latina y el Caribe, será necesario tener una visión clara de cómo han evolucionado y dónde se encuentran actualmente los diferentes procesos de integración subregional.
Con este objetivo en mente, el SELA se propuso evaluar el desempeño de los diferentes mecanismos e integración, de forma integral y con base en una metodología común que facilitase el análisis comparativo.
Se produjeron seis estudios dedicados a los mecanismos de integración subregional operantes en América Latina y el Caribe (ALBA-TCP, AP, CAN, CARICOM, MERCOSUR y SICA). En dichos documentos, el SELA presenta una evaluación a fondo de la evolución intertemporal de los mecanismos de integración, tanto en su plano institucional como en su plano económico y social. El fin último de dicha iniciativa es generar una posibilidad concreta de catalogar conceptualmente la fase evolutiva de cada mecanismo, evaluar su ritmo de crecimiento y su potencial futuro para lograr la efectiva integración de los países miembros.
De forma complementaria al análisis subregional, el SELA llevó a cabo un abordaje teórico sobre las condiciones necesarias y suficientes para alcanzar órdenes superiores de integración regional. En este sentido, la Secretaría Permanente se dio a la tarea de evaluar las oportunidades y retos para la cooperación, coordinación, articulación y convergencia de esfuerzos y objetivos, entre los mecanismos de integración subregional que operan en América Latina y el Caribe.
Dichos estudios permitieron al SELA identificar importantes características, tanto estáticas como dinámicas, del proceso de integración de América Latina y el Caribe. Características a las cuales haré referencia a continuación.
Por un lado, bajo el propósito de ampliar los mercados nacionales y lograr una mayor y mejor inserción internacional, los países de la región han destinado gran parte de los esfuerzos de integración en la conformación de relaciones comerciales con condiciones preferenciales. En este sentido, se han reconocido las barreras arancelarias como las principales trabas al libre tránsito de bienes y servicios, por lo que las negociaciones se han centrado, en gran medida, en la eliminación progresiva de las mismas.
Durante los años noventa, con el establecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la potenciación de la Comunidad Andina (CAN), el proceso de integración tuvo un impulso importante que en la actualidad ha permitido la configuración de un entramado de relaciones comerciales preferenciales, que ya para el año 2010, abarcaban el 89% del total de los flujos comerciales intrarregionales.
Sin embargo y a pesar de los grandes avances en materia de eliminación de trabas arancelarias, el comercio intrarregional no ha crecido de forma importante y sostenida, reportándose que, para el año 2013, tan solo el 20% de las exportaciones y el 18% de las importaciones totales se correspondían a intercambio interno.
En la actualidad, prácticamente la totalidad del comercio intrarregional se realiza bajo condiciones preferenciales. Sin embargo, esto no se ha traducido en incrementos sustanciales de las corrientes comerciales ni de crecimientos significativos en los niveles de apertura de los países.
En tal sentido, la región muestra un débil desempeño cuando se le compara con los avances alcanzados por otras regiones.
Al realizar un ejercicio comparativo con otros bloques comerciales del Mundo, como la Unión Europea y la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), donde más de un 65% y un 26%, respectivamente, de sus exportaciones totales, se realizan entre miembros del mismo bloque, se dejan entrever las debilidades del comercio dentro de nuestra región.
El positivo contexto económico global de la última década, que impulsó el precio de los productos básicos, fomentó su especialización productiva y exportadora de materias primas e importadora de manufacturas, en detrimento de la conformación de un entramado productivo moderno y diversificado, que posibilitara la creación de cadenas regionales de valor y reposicionara la participación de Latinoamérica y el Caribe en los flujos de comercio globales.
Por otro lado, la región experimenta importantes brechas en materia de innovación, sofisticación y preparación tecnológica en comparación con las economías de mayor desarrollo relativo del Mundo. Esto, sumado a las deficiencias en la infraestructura logística de comercio y transporte, ha incidido de forma negativa en la productividad total de los factores, afectando la competitividad del bloque latinoamericano y caribeño y dificultando la consolidación de iniciativas de complementariedad productiva.
Las causas del débil dinamismo de las relaciones comerciales intrarregionales se hallan en la deficiente infraestructura logística para el comercio y el transporte y la baja complementariedad comercial, la persistencia de barreras no arancelarias como la exigencia de licencias previas de importaciones y la aplicación de rigurosas inspecciones sanitarias y fitosanitarias.
El rezago de América Latina y el Caribe en la aplicación de medidas orientadas a la facilitación del comercio, ha ubicado a la región en una situación desventajosa dentro de un contexto global donde se han logrado avances en el desarrollo de tecnologías que promuevan la interconexión digital y la provisión de servicios logísticos a precios competitivos.
En términos relativos al promedio mundial, la región muestra mayores costos y tiempos para la concreción de las operaciones de comercio exterior afectando negativamente su productividad y competitividad. Esto, dificulta la generación de cadenas regionales de valor competitivas que potencien las relaciones comerciales regionales y con ello, los niveles de cooperación en la búsqueda de mayores consensos en favor de la integración.
Mientras tanto, las mejoras mundiales en la agilización de los procesos de comercio internacional, han permitido avanzar en la conformación de cadenas globales de valor, incrementando, en los países participantes, los flujos comerciales de mayor contenido agregado e incrementando los beneficios asociados al comercio.
Es necesario y urgente un reajuste fundamental del proceso de integración en América Latina y el Caribe para impulsar de manera autosostenida el comercio intrarregional a niveles superiores de valor agregado transado y para realizar el potencial del mercado interno como fuente de productividad y crecimiento económico.
Por otra parte, en América Latina y el Caribe, las visiones nacionales diversas sobre la apertura al comercio internacional, han desembocado en el logro de capacidades diferenciadas para asumir los retos de la globalización, así como la conformación de iniciativas de complementariedad productiva regionales y mundiales.
Estos ritmos y estrategias diferentes de integración al exterior, han dispersado los esfuerzos conjuntos promoviendo la proliferación de acuerdos bilaterales con terceros países que, a pesar de extender las relaciones comerciales de la región, disminuyen en el corto plazo su poder de negociación y coordinación para el logro de proyectos conjuntos.
En este contexto, la región debe fortalecer y ampliar los espacios de coordinación y cooperación que permitan, bajo un esquema de incorporación flexible, articular las visiones y los esfuerzos nacionales hacia la meta común de profundizar la integración regional.
Para ello, América Latina y el Caribe debe impulsar medidas de facilitación del comercio que reduzcan los costos y tiempos de las transacciones. En este sentido, un mayor desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que permitan la simplificación y estandarización de los requisitos y trámites comerciales, el desarrollo de proyectos de infraestructura terrestre y la eliminación progresiva de las barreras no arancelarias, son algunas de las áreas donde se pueden tomar decisiones que promuevan las relaciones comerciales.
Por otro lado, el proceso de integración regional en dimensiones alternas a la comercial pareciera encontrarse en una etapa incipiente. En este sentido es pertinente destacar la importancia de la integración productiva de América Latina y el Caribe que constituye una prioridad del Programa de Acción de la CELAC a través del tema de desarrollo productivo e industrial, cuya reunión de funcionarios de alto nivel preparatoria a la Reunión Ministerial celebrada en San José, del pasado mes de abril, fue mandato de la CELAC al SELA y se celebró en esta sede en octubre del pasado año.
La teoría generalmente aceptada del desarrollo económico, concibe a la apertura comercial y al buen desempeño institucional como los factores más importantes para influenciar el crecimiento de una nación. En ambos sentidos, hay evidencias positivas de evolución y de apertura económica en América Latina y el Caribe en las últimas décadas.
Sin embargo, en términos generales, las naciones de la región han mostrado desempeños económicos significativamente inferiores a los que hubieran podido anticiparse con base en las instituciones y la apertura comercial.
Una visión más actualizada del desarrollo económico, sin negar la gran importancia de esos factores, traslada el papel protagónico hacia los procesos de transformación productiva. De acuerdo a esta visión, las naciones deberán modificar sus estructuras productivas de forma tal que puedan elaborar una mayor diversidad de bienes y servicios y al mismo tiempo, incorporar una mayor proporción de valor agregado doméstico en sus exportaciones.
Un factor crítico para la transformación productiva de la región es la innovación, mediante la generación local de tecnología, así como la incorporación de tecnologías externas a los procesos productivos nacionales. Para lograr este objetivo, un instrumento fundamental es la Inversión Extranjera Directa, tanto extrarregional como intrarregional.
Actualmente, en el plano extrarregional, las Inversiones Extranjeras Directas se dedican mayoritariamente a las actividades de extracción y a la manufactura intensiva en recursos naturales; actividades que suelen generar pocos vínculos con el resto de la estructura productiva nacional, limitando la transferencia de tecnología y capacidades productivas hacia la región.
En el plano intrarregional, en cambio, los patrones de Inversión Extranjera Directa, son más alentadores, se enfocan en la producción de bienes y servicios generadores de tecnología y conocimientos relativamente más fáciles de adaptar en otras actividades y sectores y por lo tanto de mayor efecto multiplicador; ejemplo de esto es el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, actividad que ocupa el primer lugar en términos de la Inversión Extranjera Directa intrarregional.
En términos cuantitativos, sin embargo, la Inversión Extranjera Directa intrarregional se encuentra en un estado incipiente, aun tomando en cuenta el tratamiento positivo que ha recibido en general en la región por parte de las políticas públicas. En tal sentido, la dimensión productiva de la integración latinoamericana y caribeña se beneficiará de forma importante si se llevan a cabo esfuerzos para la atracción y correcta regulación de la Inversión Extranjera Directa externa en áreas proclives al encadenamiento productivo.
De igual forma, serán esenciales las iniciativas para la internacionalización de las empresas de la región que estén en capacidad de competir en el mercado latinoamericano y caribeño. Dichas medidas deberán ser tomadas en conjunto a iniciativas para la articulación productiva entre las empresas transnacionales y las empresas de pequeña y mediana escala existentes en la región.
En el plano social, el proceso de integración regional ha mostrado intermitencias. Se debe profundizar el tratamiento de problemas de carácter social, como la pobreza y la desigualdad, no únicamente por su valor intrínseco, sino también por su valor instrumental para un avance más veloz del proceso integracionista, que a su vez repercuta en una reducción progresiva de las deudas sociales de la región.
Por otro lado, los mecanismos de integración subregional han reconocido el derecho de la población a transitar, viajar o migrar con la sola identificación nacional. Asimismo, han articulado los sistemas de seguridad social y las normas sociolaborales en el espacio comunitario.
A grandes rasgos, se ha asumido una problemática migratoria compartida y se han dado pasos importantes en la perspectiva de la regionalización. La constitución de la UNASUR y la ampliación del SICA a través de la incorporación de Panamá, Belice y República Dominicana, son procesos que -junto con el Grancaribeño, Mesoamericano, del Pacífico y el Amazónico- facilitan el acercamiento latinoamericano y caribeño.
Sin embargo, los esfuerzos de carácter subregional y regional, aunque existentes, no son vinculantes y no han sido llevados a cabo en la misma magnitud ni velocidad en las distintas naciones. A pesar de que se han definido objetivos de desarrollo social de largo aliento y se han elaborado planes como el centroamericano 2000-2020, agendas sociales subregionales como el Plan Integrado de Desarrollo Social de la CAN, y planes estratégicos como el de CARICOM o el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR, la dimensión social en la integración mantiene todavía un elevado sesgo nacional.
Puesto que con frecuencia han prevalecido las visiones y los intereses nacionales de corto plazo por sobre una estrategia colectiva de mediano y largo plazo, las iniciativas sociales han quedado debilitadas y no han sido asumidas en sus distintas dimensiones complementarias como políticas de participación y de nexos societales. Al mismo tiempo, la prevalencia de intereses nacionales ha dificultado afrontar la tarea de compartir soberanías y poner en marcha entidades supranacionales que permitan la articulación de esfuerzos necesaria para una verdadera integración social.
Un proceso profundo de integración regional, en sus múltiples dimensiones, necesitará de un complejo andamiaje institucional de orden regional.
El objetivo de dicha institucionalidad se fundamentará en asegurar que las iniciativas nacionales y subregionales avancen hacia una dirección consistente con la visión regional.
De esta forma se ayudará a disminuir progresivamente los costos económicos y políticos que limitan la profundización del proceso integracionista.
Se evidencia entonces la necesidad de renovar el concepto de la integración regional, coordinando esfuerzos que trasciendan la eliminación de aranceles y se orienten hacia la dimensión productiva del proceso de integración, por lo cual, será necesario fortalecer la institucionalidad regional como fuente generadora de consensos y garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos, facilitando la toma de decisiones a favor de la profundización de la cohesión.
La voluntad política de los países deberá manifestarse en medidas concretas de facilitación del comercio y de promoción del desarrollo productivo, donde los esfuerzos nacionales deberán orientarse hacia la eliminación de barreras no arancelarias y el fomento de la industrialización a través de la generación de mejores condiciones para la innovación y el emprendimiento.
En su conjunto, la región debe impulsar la complejidad tecnológica de sus procesos productivos a partir de mayores niveles de inversión en investigación y desarrollo que potencien la innovación, promoviendo la fabricación de bienes con mayor grado de tecnificación, al tiempo que posibiliten la generación de cadenas regionales de valor para el desarrollo de iniciativas de complementariedad industrial.
Adicionalmente, la región debe trabajar en la mejora de su desempeño logístico para la reducción de costos y tiempos de los flujos comerciales, lo que hace necesario promocionar la ejecución de obras de infraestructura de interconexión física y digital, que optimicen los procedimientos del comercio internacional.
Este círculo virtuoso, asociado a la modernización de los procesos productivos y de facilitación al comercio, serviría de incentivo para la entrada de inversión extranjera directa que, además de transferir tecnología y conocimientos a las empresas locales, potenciará la complejidad industrial y el engranaje productivo de la región.
En simultáneo a la construcción de la institucionalidad regional, las diferentes naciones deberán enfocarse en generar las capacidades técnicas, operativas y políticas que le permitan al sector público encarar los desafíos que supone profundizar el proceso integracionista. En este ámbito, la coordinación, cooperación y articulación de esfuerzos entre naciones y entre mecanismos de integración subregional serán herramientas fundamentales.
Mientras mayor sea el avance en las dimensiones alternas a la comercial, mayores serán los beneficios asociados a niveles superiores de comercio. De igual forma, mayores niveles de integración comercial servirán como apalancamiento para el avance de las otras dimensiones de la integración.
América Latina y el Caribe se beneficiaría si -a ritmo variable, pero sostenido- las normativas nacionales y subregionales directamente relacionadas a puntos claves para la integración comercial y productiva, convergiesen hacia una visión regional. En aras de profundizar el proceso integracionista a largo plazo sería, particularmente beneficioso que los estándares para las contrataciones públicas, las normativas para la inversión extranjera, el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual y las normativas sanitarias y fitosanitarias de los mecanismos subregionales confluyesen hacia estándares consistentes con los objetivos de la región.
Asimismo, un proceso profundo de integración regional necesitará de toda una infraestructura institucional de orden regional. Dicha infraestructura no operaría por encima de las instituciones nacionales y subregionales, sino en paralelo. El objetivo de una infraestructura institucional regional consistirá en asegurar que las iniciativas nacionales y subregionales avancen hacia una dirección que beneficie a la región. Ayudando así, a disminuir progresivamente los costos que limitan la cooperación, coordinación y articulación.
Dos tareas pendientes de particular relevancia para sentar las bases que permitan la implementación de políticas públicas dirigidas a profundizar el proceso integracionista, serán la armonización de las asimetrías y la lucha contra la captura institucional. Factores, ambos, que generan importantes sesgos en la distribución de las ganancias asociadas a la integración; las asimetrías desde el punto de vista internacional y la captura desde el punto de vista local. Sin una distribución equitativa de los beneficios asociados a la integración, tanto en su dimensión comercial como en su dimensión productiva, los costos percibidos por las sociedades nacionales dificultarán el avance de dicho proceso, neutralizando la posibilidad de formar círculos virtuosos que se traduzcan en mayor prosperidad futura.
Si bien cada nación deberá asumir la integración a su ritmo y de acuerdo a sus prioridades, el compromiso por incrementar los niveles de convergencia macroeconómica -dentro de unos parámetros razonables- será fundamental para avanzar en el proceso integracionista. Los esfuerzos nacionales por la responsabilidad fiscal, así como por la estabilidad de precios y de los tipos de cambio, ayudarán a sortear los obstáculos que dificultan el alcance de órdenes superiores de integración comercial y productiva en América Latina y el Caribe.
Ante la lenta recuperación de las economías de mayor desarrollo y la desaceleración de las economías emergentes, aumentan los incentivos para el cambio estructural de la región. América Latina y el Caribe tiene que acometer una transformación profunda; un proceso que permita superar la dependencia de las materias primas por medio de una mayor agregación doméstica de valor, abriendo un camino para que miles de personas salgan de la pobreza y vivan en prosperidad. Dicha transformación, podrá ser alcanzada mediante la profundización de la integración comercial y productiva. Sin embargo, esto requerirá de la cooperación, coordinación, articulación y convergencia de esfuerzos entre las naciones y entre los mecanismos de integración.
La naturaleza multidimensional del proceso integracionista de América Latina y el Caribe requiere de un abordaje integral. En tal sentido, será de primera necesidad la elaboración de una agenda regional que incorpore una visión amplia con objetivos de corto, medio y largo plazo. Esta agenda, deberá permitir un proceso integracionista de geometría variable al tiempo que vincule efectivamente los esfuerzos nacionales y subregionales.
El reajuste direccional y de contenido del proceso de integración Latinoamericano y Caribeño no va a ocurrir de manera espontánea como resultado del proceso en curso. Es necesaria una acción deliberada, concertada y ejecutada de colectivamente dentro de los diferentes mecanismos de integración que debe tomar en cuenta de manera significativa las circunstancias y requerimientos de conciliación con los demás.
Se trata de una responsabilidad compartida en la cual los países de mayor peso tiene la principal responsabilidad, tanto directamente, por las consecuencias conmensurables de sus de sus propias decisiones, como por el efecto demostración y de inducción para asegurar el acompañamiento consecuente del resto de los socios y de todos los participantes y sectores involucrados,.
La Secretaría Permanente se está preparando en el contexto de las directrices del Consejo Latinoamericano para contribuir a este proceso, mediante el análisis y fundamentación, de sus objetivos y de los requerimientos para su instrumentación.
En ese sentido, y para impulsar de manera firme y deliberada este proceso, me permito someter a la consideración del Consejo Latinoamericano que la Secretaría Permanente asuma formalmente el mandato para el seguimiento de la Integración Latinoamericana y Caribeña, en el contexto de la profundización y convergencia de los mecanismos existentes con un objetivo final eminentemente propositivo.
Su formalización en una decisión del Consejo Latinoamericano fortalecería la base institucional del SELA para adelantar su programa de trabajo en ese sentido. Fortalecer la capacidad técnica de la Secretaría Permanente y dotarla de la institucionalidad necesaria, permitirá el estudio profundo y constante de los temas más relevantes para la integración regional, a través de investigaciones metodológicamente rigurosas, elaboradas a la medida de los requerimientos de los países miembros. De esta forma, el SELA se mantendrá enfocado en la identificación de las principales oportunidades y retos para el avance eficiente del proceso de integración latinoamericano y caribeño; generando valor adicional para sus países miembros.
Asimismo fortalecería el cumplimiento del mandato recibido del propio Consejo Latinoamericano y de la CELAC y seria coadyuvante en la preparación de documentación y notas técnicas para la agenda de la propia CELAC en el área económica, fundamentalmente.
El fortalecimiento sustancial previsto para el próximo año -sin incremento alguno en el presupuesto 2015- de la Dirección de Estudios y Propuestas, hasta este año virtualmente inactiva, que constituyó un componente fundamental de la propuesta de restructuración de la Secretaría Permanente aprobada por el Consejo Latinoamericano en su XXXI Reunión, haría posible una relevante realización de esas funciones, para lo cual estoy dispuesto en mi carácter de Secretario Permanente a asumir la responsabilidad.
Deseo -para concluir- dejar constancia del apoyo recibido por el Consejo Latinoamericano durante este año. Particularmente por parte de los Excelentísimos Señores Embajadores de Guatemala, Brasil y Barbados, integrantes de la Mesa Directiva.
A ellos ,y a todos los Embajadores miembros del Grupo Informal de Trabajo de quien la Secretaría obtuvo continuo respaldo y orientación durante este tiempo, expreso mi personal reconocimiento y agradecimiento.
Finalmente, al personal de la Secretaría, que -con su tradicional vocación de servicio al objetivo de la integración Latinoamericana y Caribeña- han rendido un trabajo constante y altamente satisfactorio. Mi agradecimiento y aprecio personal.