OCDE: COMPETENCIA, CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DE MÉXICO (ANÁLISIS)

30 noviembre 2010

Fuente: Publicado por el El Economista, México

Ciudad de México, 30 de noviembre- La fortaleza y calidad de las políticas y leyes en materia de competencia económica son elementos cruciales para impulsar el desarrollo económico y social de México. La ley de competencia mexicana se ha rezagado respecto del resto de países de la OCDE, conforme al índice elaborado por dicha organización en el 2007, en el cual México se ubica en el último tercio.

De acuerdo con estimaciones de la OCDE, las reformas dirigidas a fortalecer la competencia económica tienen uno de los mayores impactos sobre el aumento del PIB per cápita, en comparación con reformas en otras áreas, tales como la laboral, el comercio exterior, la educación y la innovación. Asimismo, permite obtener un aumento de largo plazo en la calidad de vida, relativamente rápido.

La competencia en los mercados ayuda a mantener precios bajos, permite a las empresas mexicanas competir exitosamente en los mercados internacionales y ayuda a reducir la pobreza. Actualmente, México cuenta con un marco legal e institucional sólido en materia de competencia económica. Sin embargo, puede ser mejorado de manera significativa. En particular, la reforma debe enfocarse en el fortalecimiento de las facultades de investigación de la autoridad y en la capacidad para sancionar conductas ilegales.

Una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos para incidir en las políticas de competencia es el marco legal de competencia económica y sus mecanismos de cumplimiento. En México, hablar de la ley de competencia económica es particularmente importante en este momento, ya que el 29 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma enviada por el Presidente. Dicha aprobación debe ser considerada como un gran avance. En un artículo publicado en mayo del presente año, José Ángel Gurría, secretario General de la OCDE, aseguró que la propuesta de reforma a la ley de competencia económica hecha por el Ejecutivo ayudará (en caso de ser aprobada en la Cámara de Senadores) de manera importante a mejorar el entorno de competencia en los mercados. Lo anterior, a su vez, mejorará el desempeño de la economía mexicana, reducirá los precios, incrementará el PIB y ayudará en el combate a la pobreza.

La experiencia internacional es una guía importante para el diseño de leyes y políticas de competencia. Muchos países han reformado sus leyes de competencia a partir de las mejores prácticas implementadas por otros países de la OCDE. Las propuestas enviadas por el Ejecutivo abordan temas importantes y están construidas con base en las mejores prácticas internacionales.

Uno de temas centrales de la ley de competencia económica refiere a las facultades y mecanismos de investigación de las autoridades. Para que una ley de competencia económica disuada a las empresas de participar en actividades de colusión, debe permitir una posibilidad real de identificar la colusión entre empresas con el objetivo de incrementar los precios a los consumidores. En la mayoría de los países de la OCDE, con el objeto de facilitar la identificación de dichos acuerdos, se otorgan facultades a las autoridades de competencia económica para realizar visitas y obtener documentos e información, sin necesidad de notificación previa. A través de estas visitas (redadas), se puede obtener información y documentos que demuestren el involucramiento corporativo o individual en actividades ilegales en materia de competencia. Actualmente, la ley en México requiere -para efectos prácticos- que la autoridad informe a las empresas sobre las visitas que realizará. Notificar a las compañías sobre las visitas de las autoridades les permite a destruir documentos incriminatorios. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Chile, Brasil y Japón, por mencionar algunos países, no requieren realizar una notificación previa.

En la segunda parte de este artículo se discutirán otros tres temas centrales de la ley de competencia económica: las sanciones económicas, las sanciones penales y la terminación anticipada de los procedimientos de investigación.