POBREZA EN AMÉRICA LATINA CAE EN 2010 Y RETOMA TENDENCIA PRE-CRISIS, SEGÚN INFORME DE LA CEPAL

Gracias a la recuperación económica de la región, el número de personas pobres disminuirá y volverá a situarse en los mismos niveles de 2008, es decir, 180 millones de habitantes.

Santiago, 2 de diciembre- La pobreza y la indigencia en América Latina caerán en 2010 gracias a la vigorosa recuperación económica que muestran este año la mayoría de los países de la región, según un informe de la CEPAL dado a conocer hoy.

El Panorama social de América Latina 2010, presentado en Santiago de Chile por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, proyecta que la pobreza y la indigencia disminuirán 1,0 y 0,4 puntos porcentuales en relación a 2009, cuando la región sufrió el mayor impacto de la crisis financiera internacional.

De esta forma, se espera que 32,1% de los habitantes latinoamericanos permanezcan en situación de pobreza y 12,9% en la indigencia en 2010, lo que representa 180 millones de pobres, de los cuales 72 millones estarían en situación de indigencia, retornando los niveles similares anotados en 2008.

El informe de la CEPAL destaca que a pesar de las fuertes repercusiones que la crisis tuvo en la región, en 2009 la pobreza sólo aumentó un décimo de punto porcentual (de 33,0% a 33,1%). En consecuencia, existe optimismo en que la región estaría retomando la tendencia a la reducción de la pobreza que despegó en 2003.

"Los países de la región muestran una resiliencia en las variables sociales que no se había registrado en crisis precedentes", dijo Bárcena.

En la mayor parte de los nueve países estudiados en el informe, la pobreza bajó. Por ejemplo, de 2008 a 2009 descendió en Brasil (de 25,8% a 24,9%), Paraguay (de 58,2% a 56%), República Dominicana (de 44,3% a 41,1%) y Uruguay (de 14% a 10,7%).

Este porcentaje también bajó entre 2006 y 2009 en Argentina (de 21% a 11,3%) y Chile (de 13,7% a 11,5%).

En cambio, la pobreza aumentó de 2008 a 2009 en Costa Rica (de 16,4% a 18,9%) y Ecuador (de 39% a 40,2%). En México la pobreza también subió (de 31,7% en 2006 a 34,8% en 2008).

El documento agrega que la combinación entre el aumento en los ingresos laborales de los hogares pobres y las transferencias públicas orientadas a aminorar el impacto de la crisis permitió reducir la desigualdad en la región. Asimismo, la distribución del ingreso se mantuvo estable en 2009, por lo que el balance neto de los últimos siete años sigue siendo positivo para la mayoría de los países.

El Panorama social de América Latina entrega además un análisis de cómo la desigualdad se reproduce a lo largo del ciclo de vida de las personas, especialmente entre su nacimiento y los 29 años de edad.

Sociedades más igualitarias en general son, según el informe, las que apuestan más fuerte por logros y aprendizajes educacionales para todos los grupos sociales. La educación es, por tanto, uno de los factores principales que permite revertir estas desigualdades de origen (familiar o territorial) e igualar las oportunidades de bienestar y productividad para el conjunto de la sociedad.

Mientras que en promedio 49% de los hombres y 55% de las mujeres de 20-24 años han completado su educación secundaria, en zonas rurales esas cifras sólo alcanzan a 26% de los hombres y 31% de las mujeres, y entre jóvenes indígenas a 22% y 20%, respectivamente. Según la CEPAL, esto demuestra con dramática elocuencia la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad.

"Para cerrar brechas de desigualdad en la región es importante que los gobiernos adopten un enfoque de economía generacional, lo que proporciona una visión integral y de largo plazo", indicó Bárcena.

Aunque en América Latina se verificó entre 2002 y 2009 una importante caída de la pobreza infantil, ésta continúa afectando proporcionalmente más a los niños y adolescentes que a otros grupos de la sociedad.

El documento muestra que la persistente desigualdad presente en los países se debe a la alta concentración de la pobreza en las primeras etapas de la vida, el alto peso de las transferencias familiares hacia la infancia y el mayor peso de las transferencias públicas hacia las generaciones adultas, combinado con la baja eficacia de los sistemas educativos para revertir desigualdades de origen.

El documento agrega que en América Latina los gobiernos cumplen un rol limitado en el financiamiento del consumo de niños y jóvenes (sólo 21%), a diferencia de lo que ocurre en economías desarrolladas en donde el Estado comparte con la familia esta responsabilidad (aporta el 45%). Por ello, es importante aumentar las transferencias públicas hacia el ciclo de vida infanto-juvenil.

La noticia auspiciosa es que el gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, en términos absolutos (de 445 a 880 dólares por persona) y relativos (de 12,3% a 18,4% del PIB). Esto es fundamental para apoyar el cierre de brechas en distintas etapas del ciclo de vida de las personas.

Frente a la reciente crisis internacional, los gobiernos adoptaron políticas oportunas para evitar un impacto más negativo sobre la pobreza y el empleo. Entre las políticas específicamente orientadas a la lucha contra la pobreza destaca la expansión de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), que benefician a 20% de la población latinoamericana y caribeña en claras condiciones de vulnerabilidad.

Para combatir la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la exclusión en las etapas formativas, la CEPAL propone tres tipos de medidas a lo largo del ciclo vital de las personas: un esquema de transferencias monetarias a los hogares con hijos de 0 a 14 años que mejoren las oportunidades de las familias de contar con un entorno adecuado para la socialización del niño (nutrición, vivienda, vestimenta); el financiamiento de políticas que cubran los costos corrientes de incorporar a quienes no están cubiertos por servicios educativos y de cuidado (0 a 17 años); y finalmente, otro conjunto de transferencias monetarias relacionadas con los servicios de empleo y formación que se orienten directamente a los jóvenes en procesos de emancipación a la vida adulta (15 a 24 años).

Para plasmar tales medidas, el informe simula un sistema de transferencias condicionadas en términos de costos (como porcentaje del PIB) para los distintos países de la región, con el fin de apoyar, en la población vulnerable (indigentes, pobres y cercanos a la pobreza), la nutrición y salud, la estimulación temprana y acceso a educación preescolar, el apoyo en progresión educativa y la conclusión de la secundaria.

Los resultados indican que se obtendrían ganancias muy significativas en la reducción de la pobreza, incluso de hasta 25 ó 30% en algunos países como Guatemala y Nicaragua, mientras que en naciones con mayor desarrollo social (como Uruguay y Chile) la disminución sería aún más importante, alcanzando cerca de las dos terceras partes de la pobreza actual.

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