LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES UN TEMA PENDIENTE EN EL ACUERDO ENTRE ECUADOR Y LA UE

Quito, 6 de abril (EFE)- Las normas de propiedad intelectual ecuatorianas, que reconocen los conocimientos ancestrales sobre usos de plantas, y la protección de los datos de prueba de las patentes "son temas pendientes" para lograr un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El director jurídico de la CCQ, Marco Albán, explicó a Efe que la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, prohíbe la apropiación científica de los saberes ancestrales en materia de biodiversidad, lo que entra en "conflicto con el desarrollo farmacéutico y agrícola", y dificulta un acuerdo con la UE.

Según Albán, por ese motivo los inversores extranjeros "no se sientan protegidos" en Ecuador para realizar sus investigaciones.

La UE quiere que sus empresas puedan acceder a la investigación de la biodiversidad ecuatoriana, independientemente de si se vincula con un conocimiento ancestral o no, para desarrollar nuevos fármacos y agroquímicos, explicó Albán.

Por su parte, el presidente del gubernamental Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza, explicó que la ley ecuatoriana reconoce a las culturas milenarias del país y "su conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad", lo que, a su juicio, ayuda a "ahorrar tiempo" a las investigaciones científicas.

En este sentido, expuso que si una comunidad conoce el uso medicinal de una planta, cuando se inicie una exploración científica sobre este vegetal se debe tener en cuenta que éste ya ha sido investigado previamente por la población.

Además, la ley ecuatoriana contempla que haya un consenso entre los científicos y la población, en el que "las comunidades conozcan para que se va utilizar ese recurso y que exista un consentimiento por su parte para el uso de este saber", explicó Ycaza.

Otro de los puntos conflictivos para alcanzar un acuerdo comercial con la UE, según la CCQ, es la protección de los datos de prueba de las patentes.

Esa información es resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa y le sirve de sustento para patentar un producto, explicó el director jurídico de la CCQ.

"Si estos datos de prueba no están protegidos, pueden ser públicos y utilizados para patentar el mismo producto" por parte de otra compañía, resaltó Albán.

Por eso, la UE pide que para alcanzar un acuerdo comercial con Ecuador se protejan los datos de prueba durante cinco años en investigaciones farmacéuticas y diez en agroquímicas, aunque el Gobierno podría obligar a que sean divulgados antes de que venza ese período en casos de emergencia sanitaria o catástrofe.

Albán explicó que la Constitución ecuatoriana contempla el "secretismo" de los datos de prueba, pero no especifica por cuánto tiempo, por lo que "pueden abrirse mañana".

En cambio, según el presidente del IEPI existen estudios que demuestran que la protección de los datos de prueba perjudica el acceso de los medicamentos y alimentos por parte de la población.

Eso es así, según Ycaza, porque mientras esa información esté oculta, no se puede acceder a estas investigaciones que pueden ser beneficiosas para la población.

En este sentido, subrayó que Ecuador se "mantiene firme" en su postura, porque no puede negociar en un tratado internacional "algo que va en detrimento de la salud" de los ciudadanos, ya que en el país "no existe el derecho a la exclusividad" cuando se trata del acceso de los ciudadanos a los medicamentos o la alimentación.

Para evitar un conflicto con la UE, Quito propone que exista un método de compensación, que no se base en la exclusividad, pero que "reconozca la investigación y sus costes para poder retribuir en nuevas investigaciones para producción de medicamentos y agroquímicos", dijo Ycaza.

Por su parte, Albán opina que se debería buscar una "armonía" para que se respete el principio constitucional y al mismo tiempo se permita el desarrollo de la propiedad intelectual y la tecnología en Ecuador.

A finales de febrero pasado el Gobierno de Ecuador aclaró que no busca un tratado de libre comercio con la UE sino un acuerdo para el desarrollo, que no sólo se sujete al ámbito comercial, sino que abarque los capítulos de cooperación y diálogo político y que respete la soberanía del país.

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