FAO/CEPAL/OIT: INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD EN EL EMPLEO, FACTORES CLAVE DE LA POBREZA RURAL EN AMÉRICA LATINA

Santiago de Chile, 22 de agosto.- La precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo son dos de los factores que contribuyen a que más de la mitad de la población rural de América Latina se mantenga en la pobreza, pese al crecimiento económico que ha experimentado la región en los últimos años, de acuerdo a la segunda parte de un informe conjunto presentado hoy por FAO, OIT y CEPAL.

Entre los pobres de las áreas rurales, menos de la mitad de ellos tiene acceso a mercados formales de trabajo y en los peores casos esa cifra desciende hasta solo el 2 %, dependiendo del país, según el estudio Políticas de Mercado y Pobreza Rural en América Latina, realizado por las tres agencias de las Naciones Unidas.

Los organismos recalcan en el estudio que la pobreza entre la población rural bajó solo de 60% en 1980 a 53 % en 2010, pese al aumento de las agroexportaciones, al auge agrícola y al crecimiento económico registrado por América Latina durante gran parte de la última década.

El estudio añade que esto deja en evidencia que el funcionamiento actual del mercado de trabajo no está distribuyendo los beneficios del crecimiento, particularmente entre las personas que habitan y trabajan en sectores rurales.

Debilidad en las instituciones del mercado de trabajo

Esta semana se presentó el segundo tomo del estudio iniciado en 2010, que en total abarcó a 12 países. El nuevo tomo incorpora datos de Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

La segunda parte del informe dice que la vinculación entre la precariedad en los empleos y la pobreza rural se da, entre otros factores, por debilidades en las instituciones del mercado de trabajo, tales como la ausencia o incumplimiento del salario mínimo, la protección social, la sindicalización y las formas de contratación de la mano de obra.

Por otra parte, hay problemas estructurales que contribuyen a una reproducción de la pobreza de los trabajadores rurales, entre los que se cuentan el trabajo infantil y la discriminación hacia las mujeres.

“Las mujeres representan el 20 % de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe y desempeñan una función clave en la seguridad alimentaria, pero no tienen igualdad de acceso a los recursos y sufren discriminación en el mercado de trabajo, tanto en términos de sus salarios como en las condiciones de trabajo” señaló el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez.

El predominio de la informalidad es clave para entender esta situación, dice el informe. A esto se suman mecanismos de intermediación laboral y subcontratación que también han incidido en la precarización de los empleos y en el consecuente aumento de la pobreza.

“La gran cantidad de personas que trabajan en condiciones de informalidad en el sector rural nos indica la presencia de un importante déficit de trabajo decente en nuestra región, pues significa que se ganan el sustento en condiciones precarias, sin seguridad ni derechos y con bajos salarios”, comentó Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Para Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “es fundamental promover políticas que permitan crecer con incrementos en productividad, complementadas con políticas orientadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo rural, para asegurar que las ganancias de productividad se traduzcan en mejores ingresos laborales y por esa vía en menor pobreza”.

El informe dice que los países deben reforzar la institucionalidad y las políticas públicas, de manera que contribuyan al mejor funcionamiento del mercado de trabajo rural para que el empleo sea una vía efectiva de reducción de la pobreza.

Las tres agencias proponen una serie de áreas de políticas destinadas al mercado de trabajo, que apuntan a disminuir la pobreza rural y mejorar la generación y calidad del empleo.

Estas políticas deberían promover medidas orientadas al cumplimiento de los salarios mínimos, la formalización del empleo, la ampliación de capacidades para los y las trabajadoras rurales, el fomento de las instancias de diálogo, la información sobre los derechos de los trabajadores, la erradicación del trabajo infantil, la promoción del empleo femenino y la certificación laboral, entre otras.

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