LLAMA CEPAL A GARANTIZAR UNA SEGURIDAD LEGÍTIMA EN LA REGIÓN

Washington, 29 de octubre (Xinhua).- El gran desafío en América Latina y el Caribe es garantizar una seguridad legítima para todos, donde el Estado recupere su rol central, monopólico y con ello disminuya las brechas de desigualdad, afirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

La titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) transmitió este mensaje durante el X Aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las Américas celebrado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

Bárcena, ante la presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que ante el desafío de la inseguridad es indispensable promover pactos sociales para la igualdad con iniciativas que reconozcan en los ciudadanos a sujetos autónomos, pero también vulnerables, porque dependen de otros para la concreción de su plan de vida.

"La inseguridad es otra brecha en la región que debe ser reducida para lograr el desarrollo", añadió la secretaria ejecutiva de la CEPAL al destacar que América Latina ha logrado en los últimos años un constante crecimiento, una reducción de la pobreza y, en algunos países, incluso una disminución de la desigualdad.

Sin embargo, estos cambios macroeconómicos no tienen un efecto directo sobre los valores y conductas delictivas y, en ese proceso de lucha contra la inseguridad, la presencia del Estado es esencial, subrayó.

También abogó por detener la privatización de la seguridad y promover la seguridad como un bien público.

"La privatización de la seguridad, paradójicamente, conduce a mayores niveles de inseguridad general. La seguridad de unos pocos siempre es inseguridad para los excluidos", subrayó.

Los países de América Latina y el Caribe con grandes desigualdades de ingresos tienen más probabilidades de ser afectados por delitos violentos que las sociedades más equitativas, enfatizó al agregar que el crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y una mayor transparencia contribuyen a evitar los crímenes violentos.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los costos de la inseguridad superan el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual para la mayoría de los países, con diferencias que van de 2 por ciento en Chile hasta 11 por ciento en El Salvador.

Esas cifras son similares a las que la CEPAL ha calculado para Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica).

Con base en la información disponible de 2006, la CEPAL estimó que los costos económicos de la violencia alcanzan 7,7 por ciento del PIB subregional.

En estos costos se consideraron las pérdidas en salud, costos institucionales, seguridad pública, justicia, gastos privados en seguridad y pérdidas materiales.

De acuerdo con la CEPAL, de 2007 a 2010 el gasto público en defensa, seguridad y justicia de Centroamérica, en su conjunto, creció de manera leve pero sostenida, tanto en términos nominales como en porcentajes del PIB.

El gasto en defensa, seguridad y justicia en Centroamérica en 2010, fluctuó entre 1,7 y 3,3 por ciento del PIB.

América Latina y el Caribe presenta algunos de los índices más altos del mundo de crímenes y violencias, con cerca de un tercio de los homicidios del mundo, pero con tan sólo 8 por ciento de la población mundial, con un promedio de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en comparación con los 8,9 de Europa.

Las principales víctimas, directas e indirectas, de la situación de inseguridad en la región son las mujeres, los niños y los jóvenes, añadió el organismo.

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