SOCIEDAD CIVIL QUIERE MÁS INFLUENCIA EN NUEVA AGENDA DE DESARROLLO

Ciudad de México, 21 de abril (IPS).- Mejorar la eficacia de la cooperación internacional requiere una sociedad civil más influyente en las negociaciones para acordar una agenda de desarrollo que los gobiernos del mundo deben adoptar en 2015, alegaron sus representantes en una reunión internacional en México.

El pasado miércoles 16 se clausuró en la capital mexicana la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, donde las organizaciones de la sociedad civil demandaron que se incorpore un enfoque de derechos humanos en el flujo de la ayuda internacional.

La Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo también requirió durante el encuentro de dos días que en la cooperación internacional se incluya un mejor ambiente para el desempeño de estas entidades, así como mayor transparencia y rendición de cuentas.

“Hay dos temas clave, conservar el espacio de la alianza, complejo por su pluralidad y diversidad de opiniones, y un monitoreo más claro de los temas”, dijo a IPS el director ejecutivo en México de Oxfam Internacional, Carlos Zarco.

La Alianza Global, integrada por más de 100 gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG), nació en la ciudad surcoreana de Busan en noviembre del 2011, con el objetivo de promover nuevos enfoques de la cooperación para el desarrollo.

Esa ayuda fluye ahora por nuevos senderos, como el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, la incursión de las naciones emergentes como donantes y la cooperación triangular, donde un país en desarrollo coopera con otro, con apoyo financiero de una nación del Norte industrial.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) negocian los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a adoptarse en 2015 para proseguir y ampliar los compromisos que la comunidad internacional adquirió en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyas metas están solo parcialmente cumplidas.

Tres años después de Busan, “hay un espacio declinante para las organizaciones, con medidas más restrictivas. Los gobiernos eligen a cuáles consultar, hay consultas públicas limitadas con la sociedad civil”, denunció ante IPS la filipina María Theresa Lauron, representante de la Red de Investigación Asia-Pacífico.

Para Lauron, hay una tendencia de restringir el acceso a la información, nuevas modalidades de financiamiento que limitan la eficacia de las organizaciones no gubernamentales y una presión creciente sobre las que son críticas para que se alineen con los gobiernos receptores.

En la Primera Reunión de Alto Nivel se concentraron unos 1.500 delegados de gobiernos, la academia, de agencias internacionales y de la sociedad civil, quienes se enfocaron en temas como la movilización de recursos nacionales para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur y triangular y la participación del sector empresarial.

“Los aliento para que sigan estrategias de supervisión, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción”, exhortó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon al inaugurar la reunión. “Necesitamos un compromiso fuerte para reducir la pobreza”, insistió sobre el primero de los ocho ODM, que no ha sido alcanzado.

La sociedad civil critica que un porcentaje de la cooperación al desarrollo financie obras de infraestructura como grandes represas, gasoductos y carreteras que violentan derechos de las comunidades locales y generan conflictos en los países receptores.

Los principios establecidos en Busan llaman a la apropiación de las estrategias de desarrollo por los países receptores de la ayuda, la priorización de los resultados que incidan en el bienestar de las personas, la creación de asociaciones entre los agentes del desarrollo, y la transparencia y la responsabilidad compartida.

Enfatizan también en la necesidad de colaboración y asociación entre los beneficiarios de la asistencia, para tener más influencia en el diseño de las estrategias de desarrollo, así como para garantizar que los fondos sean usados en proyectos efectivos.

El reporte “Un ambiente favorable para las organizaciones de la sociedad civil: una síntesis de evidencia de progreso desde Busan”, analizado durante la reunión, halló prácticas que reducen la participación social en la cooperación internacional.

Por ejemplo, regulaciones múltiples y poco claras, procesos caros y complejos para registrar organizaciones, argumentos vagos para denegar el registro, la creación de procedimientos legales en contra de activistas críticos de las políticas gubernamentales y bloqueo al acceso de financiamiento internacional.

“Los gobiernos deciden dónde pueden trabajar las organizaciones. Temas como derechos humanos, ambiente e industrias extractivas enfrentan amenazas. Necesitamos una revisión de leyes punitivas y un diálogo nacional entre los gobiernos y la sociedad civil”, indicó a IPS el keniata Vitalice Meja, director ejecutivo de Reality of Aid Africa.

Una muestra es Bolivia, uno de los 12 países analizados en el reporte general. El “Estudio piloto sobre ambiente favorable” halló dirigentes de organizaciones sociales que cuestionan el propio trabajo de las ONG, en su papel de intermediarias en la administración de recursos, y críticas gubernamentales por supuestas interferencias en los proyectos.

“La posición calculadora de algunas ONG, en respuesta al riesgo de que el actual gobierno las acuse de traidoras o de oponerse al proceso de cambio, las lleva a silenciar su voz crítica”, concluye el documento, preparado por Susana Eróstegui, de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social de Bolivia.

Esas condiciones traban la labor de las ONG en la agenda post-2015.

Por ello, la alianza de ONG lanzó la “Campaña continua de la sociedad civil para el desarrollo efectivo” que desde ahora y hasta fines de 2016 reclamará sus derechos a la participación en las políticas de desarrollo de al menos 50 países.

El objetivo será establecer políticas de cooperación para el desarrollo claramente influidas por las posturas de la sociedad civil en derechos humanos, apropiación democrática y alianzas inclusivas, así como diálogo global, subregional y regional para impulsar estándares internacionales para un ambiente favorable.

Durante la Primera Reunión de Alto Nivel, el presidente de México, el conservador Enrique Peña Nieto, presentó una estrategia de cooperación inclusiva, cuyo foco, averiguó IPS, será un plan para África a cargo de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, buscando emular los programas ejecutados por Brasil en ese continente.

Uno de los nuevos fenómenos es que algunos países emergentes están asumiendo roles diferentes en la cooperación internacional, como Brasil, China y Sudáfrica. Estos actores no quieren someterse a los mismos estándares que los donantes tradicionales del Norte industrial.

“Hay muchas exigencias para la cooperación tradicional y ninguna para las economías emergentes. Éstas tienen que aceptar estándares” en la apropiación nacional, la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo inclusivo, planteó Zarco, de Oxfam.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó el documento “Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de Avances 2014”, que encontró un cumplimiento lento de los acuerdos de Busan y “resultados matizados”.

“Es preciso hacer mucho más para transformar las prácticas de cooperación y garantizar la apropiación nacional de todas las iniciativas de desarrollo, así como la transparencia y la rendición de cuentas entre los asociados para el desarrollo”, dice el informe al que contribuyeron voluntariamente 46 países y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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