DIFICULTADES PARA CUMPLIR CON LA LEY DE COMPETENCIA

El mismo es parte de la "revisión entre pares" —en el caso de Uruguay fueron las autoridades de competencia de España, México y Perú— en la materia que se solicita voluntariamente.

El informe señaló que "salta a la vista el gran esfuerzo que hace la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas), pese a los escasos recursos y las limitaciones del ordenamiento local" y que el hecho de "ser una agencia pequeña y joven, con escaso personal y autonomía dificulta el cumplimiento de los fines de la ley".

Agregó que "a pesar de estos notables esfuerzos existen varios aspectos por mejorar, tanto a nivel regulatorio como institucional, para generar un sistema de protección y promoción de la competencia más robusto, lo cual redundará en última instancia en el bienestar de los consumidores y la competitividad de la economía nacional".

Según dijo la presidenta de la comisión, Adriana Ricciardi este informe provee el "análisis independiente y experto que necesitamos para respaldar los cambios en la ley". Explicó que ahora se trabajará en "un plan de acción con la Unctad para poner en práctica las recomendaciones".

Legislación

El informe indicó que en la ley, la "práctica internacional" suele clasificar y agrupar las distintas prácticas prohibidas "según sus características comunes" y también identifica "grados distintos de gravedad" ya que por ejemplo, las prácticas anticompetitivas "que afectan precios son usualmente más graves que las que no lo hacen". Sin embargo, "la ley del Uruguay pareciera no seguir ninguna de estas tendencias, ya que no contiene tal clasificación" así como "tampoco da una indicación de su grado de gravedad".

Otro aspecto de la ley cuestionado es que "pareciera quedarse corta" en el tratamiento que hace de las asociaciones gremiales ya que "muchas veces" estas agrupan a empresas que "son competidoras entre sí y se reúnen periódicamente para tratar temas comunes" lo que genera "el riesgo de incurrir en un cartel".

Un aspecto en que la ley limita la actuación de la comisión es en el análisis de las concentraciones, es decir cuando las empresas se fusionan o una compra a otra, dando lugar a un jugador más potente en el mercado. Ese análisis, a nivel internacional, "pretende verificar si producto" de esa concentración "se adquiere o consolida una posición de poder en el mercado, o si de alguna otra forma la transacción puede tener el efecto de disminuir, restringir, dañar o impedir la libre competencia, y en su caso, si debe tomarse alguna medida para evitarlo", recordó el reporte. En Uruguay "sin embargo", la "autorización de la comisión (de la fusión o compra) se requiere únicamente en los casos en que el acto de concentración económica implique la conformación de un monopolio de hecho".

Por ello "puede concluirse que la experiencia en la aplicación de la regulación de concentraciones sugiere que el estándar vigente, equivale prácticamente a no tener ningún control en materia de competencia sobre este tipo de transacciones".

Falta de recursos y sanciones

El reporte de la Unctad indicó que "según las entrevistas realizadas al equipo técnico y a los miembros de la comisión, la autoridad tienen problemas de rotación de personal". A su vez, "llama la atención que la autoridad uruguaya es de las que cuentan con menos recursos humanos y financieros dentro del grupo de agencias pequeñas de la región" y esos recursos "han sido muy limitados para el adecuado desarrollo de sus funciones de abogacía y defensa de la competencia", afirmó.

Esto hizo que la comisión sea "más un órgano reactivo, que proactivo en el ejercicio de sus funciones" y por ende tenga "muy poco margen para establecer una agenda estratégica", añadió.

Otra dificultad es que al ser un órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Economía "podría tener como resultado que las decisiones se tomen con base en criterios políticos y no técnicos" pese a que el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri dijo que la cartera "apoya a la comisión, pero con la distancia necesaria para no influir en la resolución de los casos", según el reporte.

El informe reseñó que entre 2009 (primer año de funcionamiento de la comisión) al 2015 se resolvieron 118,5 asuntos (65,5 investigaciones, 23 estudios preparatorios y 30 concentraciones económicas), la mayor parte originados en denuncias. De las 65,5 investigaciones resueltas, "la autoridad ha establecido sanciones en 15" por prácticas anticompetitivas. Así, se sancionaron 30 agentes económicos, "la mayor parte empresas del sector privado". Según la Unctad "el monto de las multas impuestas ha sido relativamente bajo en la mayoría de los casos" ya que 10 agentes recibieron multas por 100.000 Unidades Indexadas (unos US$ 11.048).

No hay método ni procesos

Un aspecto que cuestionó la Unctad, según las entrevistas con los asesores, es que en la comisión "no hay una metodología de trabajo uniforme para abordar los casos, ni procesos estandarizados para realizar las investigaciones y los informes técnicos. Algunos asesores incluso indicaron que internamente hay poco intercambio de experiencias o reuniones técnicas para analizar los aspectos legales y económicos que normalmente involucran este tipo de casos". Además, "no existe una base de datos que permita dar un adecuado seguimiento a los casos" en las distintas etapas de la investigación". Por otro lado, el especialista en la materia, Leandro Zipitría dijo que las resoluciones "no parecen tener una estructura clara y común" y "algunas no tienen una adecuada fundamentación técnica".