OPOSICIÓN A CAMBIAR CONDICIONES DE TLC COSTA RICA-COLOMBIA

La industria alimentaria costarricense se opone a modificar las condiciones arancelarias de un grupo de productos que en el acuerdo inicial quedaron con medidas de protección.

Del comunicado de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA):

Febrero, 2017.-  La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) solicita al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) no realizar cambios a las condiciones pactadas en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia, vigente desde agosto del 2016.

Anualmente, COMEX revisa los Tratados de Libre Comercio y atiende consultas de varios sectores empresariales. Dentro de este contexto se solicitó la revisión de 321 incisos arancelarios del acuerdo bilateral firmado con Colombia, entre los cuales hay un grupo importante de productos de la Industria Alimentaria que quedaron con cierto tipo de condiciones de protección.

De acuerdo con José Manuel Hernando, Presidente de CACIA, no se encontraron motivos que justifiquen una alteración en los delicados acuerdos políticos y económicos que justificaron el cierre de dicha negociación bilateral.

“Sabemos que algunas empresas de la industria alimentaria mostraron en un principio interés para exportar; no obstante, tal y como el COMEX lo pudo constatar, dichas voluntades se vieron prácticamente anuladas, no por las condiciones pactadas entre ambos países, sino por la existencia en Colombia de un sistema de bandas cambiarias que distorsionan los sistemas de precios, convirtiéndolos en barreras infranqueables al comercio internacional, en contra de los intereses nacionales”, explicó Hernando.

No a más modificaciones con Colombia

Para los empresarios de alimentos, aún el país no cuenta con las condiciones de competitividad interna que acompañen un mayor nivel de apertura del mercado interno, más allá a lo negociado en los tratados bilaterales, por lo que la Industria Alimentaria solicita a COMEX evitar ese escenario y además hace extensiva esta posición hacia todo el proceso de Alianza del Pacífico.

“Dentro del marco del tratado vigente, Costa Rica debe proceder a solicitar a Colombia el desmantelamiento de las denominadas bandas cambiarias de precios, que en el momento de la negociación, de manera muy desacertada el país renunció a tratar, dejando por tanto, un esquema muy mal negociado, dañino para las empresas nacionales, pues el producto colombiano ingresa con esquemas arancelarios débiles, y a cambio, nuestra industria tiene prácticamente anuladas las posibilidades de exportación”, indicó Hernando.

Los productos relacionados con la revisión del acuerdo comercial son algunas variedades de harina, especialmente harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, harina de avena, algunos tipos de grasas vegetales, productos de confitería y chocolatería, algunas leches modificadas, algunas variedades de pastas alimenticias, productos de galletería y panificación, café, salsas y sopas, gelatinas y helados.

Nota del Editor: Horas después de que CACIA enviara este comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior envió también un comunicado manifestando lo siguiente:

Tratado de libre comercio con Colombia no está siendo negociado

San José,- Ante la información circulada por un medio de comunicación y algunas reacciones al respecto del sector empresarial, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica aclara que las reuniones que se llevan a cabo esta semana no corresponden a un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia, sino más bien a un esfuerzo por identificar si hay posibilidad de mejorar las condiciones de acceso al mercado para ciertos productos, siempre y cuando se trate de intereses compartidos por ambos países.

El proceso al que corresponden las reuniones que se llevan a cabo esta semana, se enmarca dentro de los trabajos usualmente asignados a las comisiones administradoras de los distintos acuerdos comerciales que tiene vigentes Costa Rica, pues de hecho este mecanismo ha permitido llevar a cabo procesos similares en otros tratados.

Tampoco es correcto que este proceso que se lleva a cabo con Colombia, iniciará a partir de solicitudes planteadas por el Gobierno de ese país. De hecho, el proceso dio inicio como resultado de solicitudes recibidas de varias empresas que tienen interés de que se explore la posibilidad de mejorar las condiciones arancelarias y de reglas de origen con que sus productos pueden ingresar al mercado colombiano.

El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, fue enfático al señalar que: “No se trata de un proceso de renegociación. Este es un mecanismo previsto en todos los tratados de libre comercio que tiene vigentes el país y que está diseñado para atender intereses de empresas nacionales que quieran mejorar aún más las condiciones pactadas en el tratado para sus productos. Como se ha hecho siempre en este tipo de procesos, las posiciones que Costa Rica lleva a estas reuniones, tanto respecto de sus intereses, como de los planteados por Colombia, se definen a partir del proceso amplio y transparente de consultas que se lleva a cabo con los sectores respectivos”.

La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio (instancia administradora) del TLC Costa Rica-Colombia que se lleva a cabo esta semana, en San José, fue acordada en agosto de 2016 entre el Ministro Mora y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture.

Este evento fue precedido de un proceso de consulta amplio que inició en diciembre del año pasado, mediante el cual se han identificado los intereses exportadores costarricenses que quieren una mejora en las condiciones de acceso al mercado colombiano, y se ha consultado con los sectores productivos nacionales su posición respecto de los intereses de mejora planteados por Colombia.

Al igual que en el proceso de negociación de los Tratados de Libre Comercio, cualquier acuerdo al que el país pueda arribar con un socio comercial en el seno de la Comisión de Libre Comercio, se construye a partir de las posiciones recibidas por los sectores nacionales en el proceso de consultas.

Finalmente, respecto al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), es importante tener presente que Colombia lo tiene vigente desde 1994, siendo este un mecanismo cuyo desmantelamiento no ha sido negociado por ese país en ninguno de sus tratados con países latinoamericanos, con excepción de la Alianza del Pacífico.