LA ENERGÍA GENERADA POR LA CIUDADANÍA ENTRA EN ESCENA EN ARGENTINA

Foto: Cambio Político

La energía generada por la ciudadanía entra en escena en Argentina

Buenos Aires, 9 de febrero.  (Cambio Político) - La población argentina ya puede generar su propia energía mediante fuentes limpias y no convencionales e incorporar los excedentes a la red pública, gracias a una nueva ley. Se trata de una importante novedad en un país embarcado en un lento y difícil proceso, con final todavía incierto, de reemplazo de los combustibles fósiles.

La ley, aprobada por el legislativo Congreso Nacional en noviembre, fue promulgada en diciembre por el presidente Mauricio Macri, quien declaró a 2017 como “año de las energías renovables”,  en una iniciativa que todavía no tiene resultados concretos para mostrar.

La nueva norma nace con la intención de fomentar el aporte a la red eléctrica de energías limpias y no convencionales generadas por muchas y pequeñas fuentes próximas al tendido, de ciudadanos y otros particulares, en lo que se conoce como generación distribuida, dispersa o descentralizada.

“Todavía hay muchísimas incógnitas sobre si va a ser efectiva la ley de energía distribuida. Lo fundamental es ver qué decisiones toma este año el gobierno en cuanto a los incentivos”, dijo a IPS el ingeniero industrial Rodrigo Herrera Vegas, quien en 2009 fundó una de las compañías pioneras en energías limpias en el país.

“El equipamiento para energías renovables no se fabrica aquí y paga aranceles de importación muy altos. Por eso, hoy para alguien que vive en la Argentina es demasiado caro comprar, por ejemplo, paneles solares. Tardaría 12 o 13 años en recuperar la inversión”, agregó.

Las energías renovables han sido difíciles de conquistar para Argentina. Hasta ahora siguen teniendo un peso insignificante en el sistema eléctrico, que se nutre de centrales térmicas alimentadas en 64 por ciento con petróleo o gas,  30 por ciento de grandes centrales hidroeléctricas y cuatro por ciento de centrales nucleares, según datos oficiales.

La buena noticia es que, luego del absoluto fracaso de dos leyes de incentivos a proyectos renovables dictadas por el parlamento bicameral en 2001 y 2006, por razones económicas, una tercera sancionada en 2015 parece ser la definitiva.

Gracias a ella, entre 2016 y 2017, el gobierno licitó y firmó contratos con inversores privados para la construcción de 147 emprendimientos renovables, con una potencia total de 4.466 megavatios (MW), en 22 de las 23 provincias del país. La gran mayoría de esos proyectos corresponden a energía eólica (2.466 MW) y solar (1.732 MW).

Se espera que esas instalaciones entren en funcionamiento en los próximos años y serían un aporte significativo a un sistema eléctrico que hoy, con una potencia instalada de unos 30.000 MW, está al límite o no cubre la demanda, particularmente en los días más calurosos del verano austral, cuando el alto consumo provoca comúnmente cortes de energía en barrios de las grandes ciudades.

De acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos, entre marzo y agosto, meses relativamente bajos en el consumo eléctrico,  los habitantes de Buenos Aires pasaron casi 16 horas sin luz en promedio.

La generación ciudadana se suma a la ecuación

“El de la energía distribuida es un cambio de paradigma en la producción energética, que puede ser importante para la Argentina. Se acaba el usuario pasivo, que consume y paga un precio, porque ya no es eficiente”, comentó  Juan Bosch, abogado especialista en temas energéticos y presidente de SAESA, una compañía dedicada a energías no convencionales y  a gas natural.

“La generación a través de grandes centrales supera en este país la capacidad de transmisión en los momentos de picos de consumo y es allí cuando la producción en las casas puede marcar una diferencia, ya que la energía se produce donde se consume”, dijo a IPS.

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