Socia de la Asociación Prograserviv limpia y procesa productos agrícolas en la provincia de Azuay. Foto: Cortesía/ElTelégrafo.com.ec

Propuestas gremiales, que serán presentadas al Consejo Consultivo Productivo Tributario, buscan evitar flexibilización laboral, evasión tributaria y salida de capitales.

Redacción Economía Quito.- En la actualidad, los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) han ganado espacios de participación en las políticas públicas en las áreas económicas, sociales y productivas. El impulso a este sector productivo del país inicia con el reconocimiento al mismo desde la Constitución promulgada en Montecristi (Manabí), en 2008, artículo 283: “El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine” y con la inclusión de políticas en el Plan Nacional de Buen Vivir que en su artículo 8 plantea “consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”.

Según, Andrés Carrera, presidente de la Cámara de la EPS de Esmeraldas y miembro del Comité Ejecutivo que representa al gremio, el acompañamiento y oportunidades brindadas desde el Estado les permitió formar asociaciones, consolidar sus servicios y fortalecerse como organizaciones productivas. “Hemos experimentado un cambio profundo, pasamos de estar estancados a ser parte del motor productivo nacional”, apuntó el dirigente gremial.

Ese repunte del sector de la Economía Popular y Solidaria se ve reflejado en su participación dentro de las adquisiciones que realiza el Estado a través del portal digital de compras públicas. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) fortaleció los Catálogos Dinámicos Inclusivos, modalidad que prioriza los bienes y servicios que provienen de la EPS.

Hasta 2014 existía un solo catálogo con 8 productos y participaban 3.000 emprendedores que recibieron contratos por $ 24 millones. A la fecha son más de 15.000 asociaciones productivas, artesanos, emprendedores de la Economía Popular y Solidaria, micro y pequeños empresarios los que participan en 22 catálogos dinámicos inclusivos con 922 productos específicos.

Para Jenny Sangurima, presidenta de la Cámara de la EPS de Guayaquil, quien también representa a esa provincia en el Comité Ejecutivo, la compra pública les ha permitido afianzarse y crecer como emprendimientos. “Nacimos con la compra pública y ahora estamos fortaleciéndonos para ingresar al mercado privado”.

En el ámbito privado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió una resolución en la que obliga a las cadenas de supermercados a “posibilitar el ingreso de productos elaborados por (…) unidades de economía popular y solidaria”, con lo que se empieza a abrir otro mercado nuevo para este sector productivo. El fortalecimiento de la EPS se refleja también en la conformación de 16 Cámaras de la Economía Popular y Solidaria en Austro, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Guayaquil, así como el gremio de los afroecuatorianos y montubios, quienes ven con buenos ojos su participación en la compra pública con adjudicaciones entre 2015- 2017 por cerca de los $ 900 millones.

En el resto de provincias también se están organizando y en proceso de obtener su personería jurídica. Las cámaras buscan dar una mayor representatividad y vocería a la EPS para alcanzar derechos laborales fundamentales en beneficio de todos.

Carrera manifestó que el espíritu de la Economía Popular y Solidaria es velar que todos sus integrantes estén bien, no solo unos pocos. “Nuestro objetivo como Comité Ejecutivo es el bienestar general, asesorar a asociaciones nuevas, apoyarles a aquellas que no encuentran su norte”.

El sector de la EPS creó su Confederación Nacional Los gremios de la EPS se unieron para conformar la Confederación Nacional de la Economía Popular y Solidaria y trabajan en una agenda que será planteada al Gobierno Nacional para evitar que desde las empresas privadas se cometan actos de flexibilización laboral, evasión tributaria y externalización de capitales hacia paraísos fiscales.

El representante de la Cámara de la EPS de Esmeraldas manifestó que estas prácticas atentan no solo contra la ética sino contra los microproductores. “Cuando fugan divisas hacia otros países, los pequeños emprendedores nos quedamos sin liquidez, inclusive con dificultades para acceder a préstamos o financiamientos”.

De igual forma, planteó la necesidad de que se abran diálogos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que la Economía Popular y Solidaria tenga acceso a la seguridad social con precios preferenciales, tal como sucede con el Seguro Social Campesino. Asimismo, Carrera indicó que las importaciones bloquean el motor productivo social y solidario. “Cuando compran productos importados, si bien pueden ser más baratos, están permitiendo que el dinero vaya a fábricas inmensas; cuando se compran artesanías o servicios de la Economía Popular y Solidaria el dinero se queda en el país, en familias que producen directamente; se resguardan las fuentes de empleo, se hace bien al país”, mencionó el dirigente.

Todas estas propuestas son procesadas por el Comité Ejecutivo de la Confederación para integrarlas a una agenda de trabajo que será entregada al Consejo Consultivo Productivo Tributario, instaurado por el presidente Lenín Moreno. Gerardo Chávez, vicepresidente de la Cámara de la EPS de Los Ríos, destacó la importancia de llegar como una sola voz hasta el presidente Moreno. “La Economía Popular y Solidaria somos el pueblo y representamos la fuerza productiva de la sociedad”.

De su parte, Chávez presentó la propuesta para que existan preferencias dentro del sistema financiero privado. “Los bancos y cooperativas deben colocar créditos productivos, así como incentivos para la EPS, mediante tasas de interés preferenciales”, con lo cual se evidenciaría el verdadero reconocimiento que la banca puede hacer a este sector. Para Manuel Suárez, presidente de la Cámara de  la Economía Popular y Solidaria de Santa Elena, otro punto que el Consejo Consultivo Productivo Tributario debe analizar es la recaudación de impuestos. “Necesitamos un acercamiento con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para que exista un análisis de cada uno de los ámbitos que incluye la EPS y con el cual se puedan determinar pagos diferenciados de impuestos, con lo cual existiría mayor justicia”, añadió.

La Confederación busca de esta forma que, desde el Estado, se propicien nuevos y mejores caminos con los que la EPS pueda mantener y mejorar sus condiciones de trabajo digno, accesibilidad a contratos y redistribución equitativa de la riqueza.

(I) Artesanos del grupo Calzado Valdini fabrican zapatos en Ambato, provincia de Tungurahua. Foto: Cortesía/ElTelégrafo.com.ec